Y continúo, como en el artículo anterior, con la suspensión del derecho al voto de ciudadanos y ciudadanas españoles.
La derecha política y mediática despliega su feroz estrategia desde el inicio de la legislatura, y ahora con mayor intensidad por lo que significa. Lejos de asumir la reparación histórica como algo elemental, la extrema derecha (PP y Vox) ve con horror la ampliación de derechos de la diáspora, lo que da lugar a la siguiente paradoja: la misma corriente ideológica que heredó las estructuras que provocaron el exilio criminaliza hoy a sus descendientes.
El exilio no ha terminado. Para miles de descendientes de quienes se vieron obligados a huir de la dictadura y la miseria, la brecha de la distancia sigue abriéndose, no ya por la geografía, sino por las trabas burocráticas y el cálculo político, amparado en una parte de la judicatura y jaleado por medios regados con miles de euros. Leyes como la de Nietos y la de Memoria Democrática nacieron para reparar una injusticia histórica y devolver la nacionalidad y la ciudadanía de pleno derecho a los hijos y nietos del destierro. Sin embargo, «la victoria» sigue vigente y se ve que no recogieron todos sus frutos.
Para la derecha, el patriotismo termina donde ellos deciden, al reducir la identidad nacional a una condición geográfica y patrimonial, siempre que no altere la voluntad de los españoles de bien, según su señoría. Al torpedear el voto de los nietos del exilio, intentan silenciar una memoria incómoda: la de una España plural, republicana y trabajadora que fue expulsada a la fuerza.
El principio de igualdad democrática estará quebrado. Pero ya sabemos que a la derecha eso le da igual.
El exilio no terminará del todo hasta que el último descendiente pueda ejercer su derecho al voto con la misma facilidad, dignidad y garantías que cualquier otro ciudadano de este país.
