Recomendamos este artículo de Carles Manera, publicado originalmente en la web de Economistas Frente a la Crisis, el pasado 6 de octubre.
Privatizando
Está apareciendo ya una parte sustancial del programa económico de las derechas en España. Programa que se podía intuir, por su posicionamiento en temas que pasaron por el Congreso de los Diputados (sus actitudes en contra de la subida del salario mínimo, la revalorización de pensiones, las normativas laborales, los escudos sociales, etc.), pero que no se había hecho explícito de manera tan contundente. Esta vehemencia ha salido de Vox, especialmente, con unas declaraciones del diputado Figaredo sobre la supuesta quiebra del sistema de pensiones, indicando la vía que las derechas piensan implementar: la semi-privatización del sistema, de manera que los pensionistas deberán buscar una parte de su pensión en el mercado. Esto no es nuevo, y se sabe cómo acabó: se desarrolló con fuerza en 1973-1974 en el Chile del dictador Pinochet, cuando los economistas que le asesoraban, con raíces profundas en la Universidad de Chicago y bajo la tutela de Milton Friedman, enaltecían esa idea de que Chile fuera un laboratorio para el nuevo capitalismo neoliberal.
La semi-privatización de las pensiones fue uno de sus ejes medulares, con resultados catastróficos para la población: incremento de la pobreza, precariedad laboral y social, retroceso de derechos. En su monumental libro, Sven Beckert (Capitalismo, Crítica, 2026) demuestra, con todo lujo de detalles económicos, que fue esto lo que inició una etapa del desarrollo capitalista que rompía definitivamente con los equilibrios macroeconómicos de la postguerra. Beckert afirma que lo que entendemos por economía neoliberal se inició en el Chile dictatorial (es decir, en 1973, y no en 1980 con el advenimiento de Reagan y Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente), con amplio apoyo de entidades privadas ultra-conservadoras estadounidenses. Con el aplauso cerrado de Friedrich Hayek, uno de los padres de esta idea en la que la dictadura política y represora –miles de muertos y desaparecidos– permite aplicar los planes económicos como si tratase de explicarlos en una pizarra. Economía sin alma, sin corazón. El reajuste drástico de las pensiones se complementó con la bajada de los salarios y la reducción de la inversión pública en gasto social: una enorme regresión bendecida por instituciones económicas internacionales. Es el epítome de la austeridad, con raíces históricas –la Europa del patrón-oro tras el crack de 1929– y con desempeños futuros –la Gran Recesión desde 2010–, como ha subrayado en su reciente libro Clara Mattei (Escapar del capitalismo, Capitán Swing).
España como objetivo
Esta tesis es la que quiere aplicarse en España de la mano de las derechas, unida además a otro concepto: privatizar lo que se pueda, para devolver a la “mano invisible” del mercado la adopción de puntos de equilibrio. Aquí, lo privatizable se relaciona con diferentes vectores: la sanidad, la educación, los servicios sociales, esencialmente. Esto no es teoría, tan solo: se está haciendo en Valencia, Madrid, Andalucía, Extremadura, Aragón, en comunidades autónomas en las que la complicidad de las derechas es evidente. Y el aderezo final: la bajada de impuestos a la franja más rica de la población (ya hemos hablado sobre esto en otro artículo). En otras declaraciones de Abascal, el anuncio es nítido: imitar lo que se está haciendo en Estados Unidos y Argentina, que son sendos ejemplos en política económica de aquello que se inició en 1973 en Chile, tras derrocar violentamente al presidente legítimo Salvador Allende.
Estas recetas económicas son simples, directas, y no entienden de matices ni de la complejidad de las relaciones sociales y económicas. De hecho, su aplicación se hace más efectiva si el contexto político está gravemente lesionado por los detractores de la democracia. Lo estamos viendo, precisamente, en Estados Unidos y en Argentina, en un proceso que se está extendiendo por Latinoamérica y que ha calado en algunas partes de la Unión Europea. Los indicadores sociales en ambos países son cada vez peores, lastrados por despidos masivos de personal de la administración, reducción de pensiones, privatizaciones de servicios e incremento de la pobreza y la indigencia, a parte del repunte de la inflación y la caída de las contrataciones en el mercado laboral. Argentina: 32,3% de la población es pobre, 76% de precariedad laboral, con 15 millones que no tienen recursos básicos para subsistir (fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC e Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas). Estados Unidos: 34,5 millones de personas se ubican en la pobreza oficial (fuente: US Census Bureau). Estos datos representan resultados oficiales de esa política económica: no son opiniones.
Pero en el pensamiento económico y en la economía aplicada existen otras respuestas. En sus investigaciones relacionadas con el sistema de pensiones, Antoine Bozio, Thomas Piketty y Gabriel Zucman defienden –con un alud de datos en la mano– los sistemas públicos de pensiones y la solidaridad inter-generacional, de forma que rechazan las privatización de las pensiones y relacionan la viabilidad de las jubilaciones a una fiscalidad progresiva, que grave sobre todo a los ultra-ricos (los que disponen de más de 100 millones de euros de patrimonio; véase: Antoine Bozio-Thomas Piketty, Pour un nouveau système de retraite, Rue d’Ulm, 2008; Gabriel Zucman, Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, Anagrama, 2026). En esta misma línea, con investigaciones muy potentes y documentadas que abogan por el sistema público de pensiones y se enfrentan a las tesis de privatización, están los trabajos de dos economistas de perfil liberal: Teresa Ghilarducci (el más reciente sobre el tema: Work, Retire, Repeat: The Uncertainty of Retirement in the New Economy, Universidad de Chicago, 2024), que indica el fracaso del modelo de jubilación basado en el esfuerzo individual, y defiende estructuras colectivas y obligatorias para eludir crisis de pobreza en la vejez; y Alicia Munnel (State and Local Pensions: What Now?, Rowman&Littlefield, 2012), que utiliza datos empíricos exhaustivos y desmonta la idea generalizada –la que expuso Figaredo, por cierto– de que todos los planes públicos de pensiones están en peligro inminente.
El frontispicio de la política económica de las derechas
Ahora bien, por ahora solo conocemos elementos muy llamativos del programa económico de una ultraderecha con claras concomitancias con el que se plantea en la derecha convencional. Bajar impuestos, reducir el gasto público, contraer las inversiones, privatizar determinados servicios, controlar los salarios, congelar el salario mínimo y las pensiones, factores todos ellos que se justifican por la persecución del equilibrio del déficit público y el control en el aumento de la deuda pública. Pero, ahora mismo, ambos indicadores están en un escenario relativamente positivo en España: 2,4% de déficit público sobre PIB y 101% de deuda pública sobre PIB (fuentes: Banco de España e Intervención General de la Administración del Estado). La media de la eurozona está en 3% y 90% respectivamente; los datos de España son mejores que muchos países de ese espacio, particularmente de Francia e Italia. El crecimiento económico sostenido en los últimos años explica estos indicadores, crecimiento que ha permitido realizar toda una serie de mejoras en gasto social, desde la revalorización de las pensiones, el aumento del salario mínimo, los incrementos en becas, la inversión en I+D+i y las inversiones en infraestructuras, incluyendo las relacionadas con la transición energética, con el soporte además de los fondos Next Generation. A todo ello, dos aspectos contribuyen a abonar ese crecimiento: las exportaciones de servicios turísticos y, de manera muy novedosa, la de servicios no turísticos, renglón que incorpora una serie de actividades que suponen mayores valores añadidos (maquinaria, software, tecnología electrónica, etc.; sobre todo esto, Informe Anual del Banco de España).
Las derechas, que ven cercana su teórica llegada al poder, empiezan a quitarse las máscaras y a hablar más claro: es de agradecer que lo hagan, para saber a qué atenernos (a pesar de que ya lo sospechábamos). Porque cabe señalar que todo su programa económico y social durante los últimos ocho años ha estado oculto (o, simplemente, era inexistente), y su estrategia se ha sustentado en personalizar los ataques en las figuras políticas del gobierno sin ofrecer alternativa programática alguna. Los ejes cartesianos de sus premisas filosóficas –a la espera de mayores concreciones– son estos: reducción de las palancas de la política fiscal y reducción a su vez de los tributos a los más ricos. No hay más, por el momento. Lo están haciendo en las regiones en las que gobiernan con apoyos directos e indirectos. Prometen revalidarlo si acceden a la Moncloa.
Un mensaje final
La población deberá escoger si quiere parecerse a Estados Unidos y Argentina –con el precedente chileno– o transitar por una vía, ya trillada, de mejoras y avances sociales y económicos.
