Los que años atrás dejaron tiradas a miles de familias y, sin pudor, miraron hacia otro lado con la crisis económica y con la pérdida de sus viviendas, ahora se erigen en los portadores de soluciones para todo. Los que no supieron entender que salvar el país es ayudar a los que más necesitaban al Estado, quieren ahora tapar sus inutilidades. Y lo hacen con proclamas muy ruidosas, pero vacías. Su único objetivo es distraer del verdadero problema que supuso que su inacción quebrara la confianza en el estado de bienestar.
Aquella gestión infame de los gobiernos del Partido Popular en materia de vivienda fue el detonante de las calamidades que se heredaron, inevitablemente, en una cuestión donde el tiempo es fundamental. Lo que no se trabaja e invierte en un momento de la historia, repercutirá en las décadas siguientes. Es en lo que hoy este Gobierno trabaja por reconducir. La falta de inversión en vivienda pública, la falta de planificación y una invisible política de Estado para beneficiar a la mayoría, provocó desafección y retroceso, perdiéndose miles de puestos de trabajo. Como consecuencia de toda esta no gestión, nos vimos abocados a una crisis habitacional sin precedentes.
El cambio de Gobierno proporcionó un giro total en una política básica para la ciudadanía y las políticas en vivienda se convirtieron en ejes fundamentales de los ejecutivos de coalición progresistas encabezados por Pedro Sánchez. Así, se aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia y reforzó el papel en esta materia, creando de nuevo un ministerio exclusivo para el área.
Desde entonces, las políticas a favor del quinto pilar del estado de bienestar comenzaron a desarrollarse. Comenzaron a aplicarse políticas razonables, a pesar de la fuerte oposición de aquellas administraciones que ostentan la responsabilidad y las competencias para ejercer dichas políticas. Comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular y donde abrió las puertas a la ultraderecha, centraron todos sus esfuerzos en dificultar el trabajo que hace años no hicieron los gobiernos conservadores.
Sin embargo, ante una oposición destructiva, el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista están empeñados en que el desarrollo de las políticas en vivienda sea clave en el desarrollo de un país socialmente avanzado. Una de esas apuestas, un elemento clave por el que se ha apostado, es la nueva forma de construcción de los hogares. Es hacerlo con un PERTE que prevé la inversión de 1.300 millones de euros para la construcción de vivienda industrializada.
La aprobación de este plan de construcción de vivienda basado en la industrialización de la producción permitirá, no solo que ganemos tiempo y calidad en la construcción de nuevos hogares. También representará una mejora en las condiciones laborales.
Un proyecto de futuro donde se incorporan muchas más garantías a un sector con déficits laborales y que permitirán que la innovación y la digitalización conviertan el ramo en un polo atractivo para la aplicación de nuevas tecnologías y formas de relación laboral, con más seguridad y derechos. Facilitará, además, la incorporación de la mujer en un sector altamente masculinizado.
En definitiva, estamos avanzando en vivienda como no se había hecho en muchos años. Lo hacemos con perspectiva de futuro, con progreso, con igualdad, con seguridad y con derechos laborales. Los socialistas estamos trabajando en vivienda desde todos los ámbitos, porque la política de vivienda es poliédrica. No podemos dejar de tener en el punto de mira ningún aspecto, pero el de los derechos y las condiciones laborales, como socialistas, son prioridades de nuestros gobiernos. Y en ello continuaremos incidiendo.
