La corrupción es una lacra económica, política y democrática.
En el ámbito económico, distorsiona el mercado, impide la competitividad y tiende a aumentar artificialmente los precios.
En el político, corrompe el buen gobierno y favorece la intromisión de entramados mafiosos en la toma de decisiones y fomenta la creación de redes clientelares.
En lo relativo al espacio democrático, erosiona la confianza en las instituciones y socava y lamina la soberanía popular.
Por todo eso y, precisamente, por su transversalidad, la lucha contra la corrupción ha de hacerse en todos y cada uno de esos frentes, y con todas las fuerzas posibles. De aquí que, sin entrar a valorar la oportunidad -por supuesto, muy polémica-, las medidas propuestas por el Gobierno han de ser en general bienvenidas. Entre otras cosas porque plasman las reiteradas exigencias de la UE, la OCDE y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), y si llegan a realizarse nos situarán, por fin, en la senda del cumplimiento de compromisos internacionales largamente pendientes.
Desincentivar la corrupción
En lo económico, parece decisivo el énfasis puesto por el Gobierno en la recuperación de los activos ilícitos, que es, desde hace tiempo, un pilar de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y eje central de las recomendaciones del GRECO y la OCDE. Una política eficaz en este terreno, como demandan estos organismos, reduciría drásticamente los incentivos para delinquir: ninguna empresa se arriesgaría a recibir sanciones devastadoras por unos beneficios que, finalmente, le serían confiscados, alineándose así con el principio, muy difundido internacionalmente de que el delito no debe compensar nunca.
En el terreno político, el refuerzo del control económico sobre los partidos políticos es una medida aunque tardía necesaria, que responde a diversas evaluaciones críticas del GRECO y la OCDE -que han advertido continuamente de que la opacidad financiera era el caldo de cultivo para la corrupción-. Durante décadas, los partidos políticos han estado en el epicentro de los mayores escándalos políticos en nuestro país, y han generado y generan una desafección ciudadana sin precedentes.
En este sentido, fortalecer la transparencia y la fiscalización de los partidos no es solo conveniente, es imprescindible para regenerar la credibilidad del sistema y cumplir con las mejores prácticas europeas.
En el ámbito democrático, si el plan gubernamental se pone en marcha se avanza al intensificar la vigilancia preventiva sobre cargos electos y altos funcionarios. El endurecimiento de las penas, unido al control patrimonial reforzado, constituye un progreso significativo en línea con las recomendaciones del GRECO y con las directrices de la UE sobre integridad pública.
Sin embargo, la persistencia de los aforamientos indiscriminados -no solo en España, también en la UE– sigue siendo una asignatura pendiente, y resulta inexplicable que aún se haya hecho tan poco al respecto.
En todo caso, persisten problemas muy críticos que, pese a las recomendaciones de muchos organismos internacionales, queda bastante por hacer:
- La contratación pública requiere una revolución importante si quiere ser totalmente transparente. Ante las actuales deficiencias – reiteradamente criticadas por la OCDE y la UE en sus informes sobre España –, resulta prometedor el compromiso de implementar plataformas digitales con inteligencia artificial para publicitar en tiempo real licitaciones y adjudicaciones. Esta apuesta por la digitalización y la trazabilidad responde a las exigencias de la Directiva europea de Contratación Pública y las guías de la OCDE para prevenir fraudes.
- La independencia de la Administración demanda acciones específicas, un punto crucial en las evaluaciones de GRECO y la OCDE. La corrupción no existiría sin empresas corruptoras ni políticos corruptibles, por supuesto. Pero tampoco sin una función pública vulnerable. Por tanto, urge blindar a los técnicos mediante mecanismos que garanticen su autonomía profesional y criterios objetivos, tal como recomiendan estos organismos para crear un cortafuegos efectivo en los procedimientos.
Solo una Administración solvente, intachable e inmune a injerencias puede ser el dique que exige el contexto internacional.
Pero ninguna reforma legal o institucional, por muy alineada que esté con la OCDE, la UE o el GRECO, será suficiente sin un cambio cultural profundo. Las leyes y los controles son indispensables, pero la corrupción solo se erradicará cuando la sociedad internalice un rechazo visceral a sus prácticas, cuando la ética pública sea un valor social innegociable.
Este es el frente más complejo y decisivo, donde la educación y los medios, siguiendo también líneas promovidas por la UNESCO y la propia UE, son clave para construir una ciudadanía que desnaturalice la corrupción como un mal tolerable.
La batalla es monumental, pero cada avance normativo inspirado en estándares globales, cada control implementado, cada conciencia crítica que se rebela contra la corrupción nos acerca a un futuro donde el servicio público aumentará su vigor y España podrá ocupar el lugar que le corresponde entre las democracias íntegras que se oponen a la corrupción. .
