Todos hemos visto la agresión del policía nacional a la maestra jubilada que terminó con su cara estampada contra el suelo. Por supuesto, daría lo mismo si fuera abogada o trompetista, pero era maestra y a eso voy, aunque a alguno pueda parecerle que me paso de rosca.
La cuestión es que soy del gremio. Mi oficio, como ya he dicho muchas veces, es el de historiador y entre sus posibilidades de trabajo está la educación, así que sí, soy maestro. Ese grupo que, por alguna extraña razón, ha sido objeto de cacería en este país, teniendo aún en cunetas a muchos de ellos y de ellas. El maestro y la maestra eran objetivo prioritario de los sublevados en 1936.
A estas alturas se puede pensar que me estoy pasando, pero es que hablo desde el oficio de quienes conocen el pasado y saben que hay cosas que encajan demasiado bien. Si todo hubiera quedado en un energúmeno que interpreta mal la función de una policía democrática, ahí terminaría el asunto. Pero no ha sido así: ha habido respuesta y cierre de filas por parte de sindicatos policiales cuya orientación ideológica ya conocemos (con la excepción de alguno muy minoritario que no comparte esas posiciones). Y eso es preocupante, porque lo que se está trasladando es que puedes verte en esa situación por manifestarte o, simplemente, por estar allí.
Esto no se dice, y por supuesto no se cuestiona, cuando son otros los protagonistas: los sindicatos policiales que rompieron el cordón y llegaron a las puertas del Congreso, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ordenando cortar calles frente a Ferraz, o el acompañamiento sin incidentes a Quiles y sus seguidores mientras se golpeaba a quienes se manifestaban contra ellos.
¿Alguien ha reparado en el casco frente a las manifestaciones de maestros y maestras y en las gorras cuando se trata de grupos de extrema derecha? Son imágenes que recuerdan más a aquella República de Weimar, donde la policía miraba hacia otro lado ante los desmanes de las SA nazis, o a la Italia de los camisas negras, mientras golpeaban a las gentes de izquierdas.
Cuando se empieza a tener miedo a la policía por el ejercicio de los propios derechos; cuando se lee o se oye lo rocambolesco de algunas investigaciones, en las que cualquier elemento puede convertirse en indicio acusatorio y, en consecuencia, en una fuente de temor ante la simple posibilidad de que se sospeche de uno por aparecer su nombre en un WhatsApp; y cuando determinadas resoluciones judiciales recuerdan —según quién las interpreta— a lógicas propias de otros tiempos, se instala la sensación de que ya no basta con no haber hecho nada: hay que demostrarlo.
Un policía ha golpeado a una maestra y un músico puede acabar en prisión por ejercer su oficio. Cuando esto sucede, estamos a un paso de algo muy grave.
