La indignación de la internacional reaccionaria ante la condena de Marine Le Pen está recorriendo el mundo occidental como un nuevo fantasma. Es unánime (y consigue incluso algún sorpresivo apoyo de cierta “izquierda”), y grandilocuente. Pero pone de manifiesto la amenaza que se cierne sobre las democracias constituidas: la de un poder despótico que no respeta el Estado de derecho ni la separación de poderes del Estado y que quiere destruir el sistema democrático occidental.
Desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por Hungría, esa amalgama de extremistas de derechas -partidos filonazis, autoritarios y nostálgicos de las dictaduras- ha denunciado con todo el estrépito posible ese fallo judicial que inhabilita a Le Pen. Han llegado a calificar la sentencia de un “abuso del poder judicial” e incluso de síntoma de la “corrupción de la democracia”. Y no ha dudado en agitar el fantasma del “gobierno de los jueces”.
Hay precedentes, sin duda. En Estados Unidos, Donald Trump y Elon Musk han sido explícitos: si los jueces se oponen a las decisiones del Ejecutivo, hay que procesarlos y destituirlos. Pero han ido más allá. Si no pueden: si no pueden eliminar a los magistrados incómodos, tratan de imponer a los que les son serviles. Prueba de ello es la inversión de más de 25 millones de dólares en la campaña de su candidato a juez en Wisconsin, que, pese a todo, terminó derrotado. Pero el ejemplo cunde en otras latitudes. En Hungría, Viktor Orbán ha intentado someter al poder judicial a su voluntad y desobedecer los principios de la UE. Netanyahu, para seguir en el gobierno, ha sido capaz de avanzar en la masacre de Palestina, espoleado por huir de unos tribunales que lo procesarán en cuanto deje el poder, etc.
Es el mismo tono y los mismos argumentos que Marine Le Pen está usando desde el minuto uno de conocer su condena: critica la democracia de su país, denuncia la corrupción de la justicia y su politización, y se proclama víctima del sistema.
El peligroso discurso de la ultraderecha
El mensaje es claro para quienes defienden la democracia: la derecha autoritaria quiere romper el orden constitucional y sobreponerse al derecho.
Una vez este tipo de derecha accede al poder—como en EE. UU., Italia, Argentina, Hungría o Austria—o cuando vislumbra la posibilidad de hacerlo—como en Francia o Alemania—adopta un populismo extremo para saltarse toda limitación legal o institucional. Se presenta como la única y legítima voz del pueblo, y rechaza cualquier contrapeso institucional y, especialmente, cualquier freno al poder del líder supremo. Como señaló Le Monde:
“La propensión a contraponer la figura del ‘pueblo’ -de la que esta internacional reaccionaria se arroga el monopolio- frente a un supuesto y fantasmal ‘gobierno de los jueces’ es común entre quienes sostienen que el derecho debe someterse a los programas políticos más controvertidos y a los calendarios electorales, así como a la creencia de que la popularidad otorga impunidad”.
La estrategia es evidente: el primer objetivo del populismo autoritario es eliminar el poder judicial, que en algunos casos —Trump, Netanyahu, Orbán— amenaza con condenarlos por delitos graves. Pero su ambición cesarista no se detiene ahí. Tras debilitar a la justicia, buscan socavar a los parlamentos, los organismos independientes y cualquier institución que no puedan controlar a la fuerza.
En este proceso, la ultraderecha ha adoptado una narrativa de un victimismo grotesco. Porque se presentan como perseguidos y marginados, pese a que, en realidad, están defendiendo los intereses de las élites más poderosas o son ellas mismas las plutocracias que controlan el poder.
Pero su estrategia no es ni inocente ni simplemente paranoica o conspirativa. Constituye una maniobra propagandística calculada, que persigue construir un enemigo generalizado —”todo el que no esté conmigo está contra mí”— para poder discriminar a los ciudadanos que no le son afines y expulsarlos (en el caso de que sean emigrantes) o conducirlos al ostracismo si no lo son.
Hoy el enemigo es la justicia, mañana el Congreso o el partido de la oposición. Con el tiempo, como ya empieza a suceder en Estados Unidos, el enemigo será cualquier ciudadano que no se someta al culto del líder. Podemos ser cualquiera de nosotros.
La respuesta democrática
¿Cómo afrontar esta deriva antidemocrática de la nueva internacional reaccionaria?
La única respuesta es volver a los principios fundamentales de la democracia constitucional y activarlos resistiendo a los cantos de sirena del populismo.
No por sabido podemos permitirnos dejar de insistir en lo obvio. Las democracias solo funcionan cuando se dan ciertas condiciones. Si hay elecciones libres, sin la proscripción ilegítima de candidatos opositores -como ha ocurrido en Turquía-, solo son auténticas cuando están sustentadas en constituciones que garanticen derechos y deberes para todos los ciudadanos. Y, por supuesto, solo son válidas cuando existe una verdadera separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
No obstante, en este contexto de avance reaccionario, reafirmar estos principios no será suficiente. Se requiere una movilización activa de la ciudadanía en defensa de la democracia. Una movilización participativa, respetuosa del derecho, y atenta a las múltiples amenazas autoritarias actuales: ya provengan de líderes cesaristas, plutocracias varias, sectores militares, fundamentalismos religiosos o, simplemente, de la ignorancia (que no se reconoce ignorante).
La historia, lamentablemente, nos ha mostrado muchos ejemplos de que la democracia que no sabe defenderse y cuidarse a sí misma puede languidecer y perecer: nunca está garantizada. Hay que defenderla y hacerla avanzar cada día.
