La tercera posición

Por qué el pacifismo progresista sigue siendo la única respuesta inteligente ante las guerras del presente

Vivimos en este momento, al menos, tres guerras simultáneas. Una espiral de rearme sin precedentes desde la Guerra Fría. Y una izquierda global dividida entre un nuevo armamentismo y un pacifismo impotente.

Existe, sin embargo, una tercera posición -más difícil de sostener y más vulnerable- pero con raíces históricas más profundas de lo que el ruido del presente permite percibir. Una posición que algunos líderes, intelectuales y organismos internacionales están intentando articular, aunque sea tímidamente.

En este texto, trato de reconstruir y argumentar su vigencia.

I. El mundo que no queríamos

Hay momentos en que la realidad supera, bruscamente, nuestra capacidad de expresarla en palabras. La primavera de 2026 es seguramente uno de esos momentos.

Europa convive actualmente—con una normalidad que debería preocuparnos mucho más de lo que lo hace— con, al menos, tres conflictos armados de consecuencias globales impredecibles: la invasión rusa de Ucrania, ya en su cuarto año, con centenares de miles de muertos, poblaciones exhaustas, y un frente que apenas se mueve; la invasión israelí de Gaza y el Líbano, que ha desbordado todas las categorías del derecho humanitario y ha arrastrado al ejército de Estados Unidos a un enfrentamiento militar directo con Irán (que amenaza en convertirse en un conflicto de larga duración); y una guerra, comercial y simbólica, del presidente Trump contra casi todo el mundo —pero especialmente con sus propios aliados— que tiene efectos geopolíticos tan reales y duraderos como las dos anteriores. Tres guerras.

Tres fracasos de la política. Y una sola respuesta dominante en los gobiernos occidentales: más armas y más ejércitos.

La cumbre de la OTAN en La Haya, en junio de 2025, acordó elevar el gasto en defensa al cinco por ciento del PIB de sus miembros casi con completa unanimidad. El Consejo Europeo ratificó ese mismo mes el compromiso de aumentar «sustancialmente» las inversiones militares. Ursula von der Leyen, desde entonces, ha construido buena parte de su segundo mandato en la UE en torno al concepto de «autonomía estratégica» —que, en la práctica y por ahora, solo se mide en aumento del gasto en armamento.

El debate sobre si existe una alternativa a la militarización —aumento del gasto militar y mayor reclutamiento— ha quedado desplazado a los márgenes del discurso público, tachado de ingenuo o, en el peor de los casos, de cómplice con los agresores.

Mi convicción es que esta forma de responder es un error. No solo político, sino moral e intelectual. Estoy persuadido de que existe una posición —llamémosla, de ahora en adelante, la tercera posición— situada entre el belicismo a ultranza (de la mayoría de los gobiernos), y el pacifismo incondicional de muchos de quienes protestan contra ese belicismo.

Desde mi punto de vista, esta tercera posición es la más coherente con los principios que la izquierda progresista ha sostenido históricamente, y con los intereses reales de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Creo, también, que esta posición no es una abstracción académica, ni una entelequia. Está siendo articulada, con diferente grado de desarrollo y con cierta audacia, por una constelación de voces que abarca desde el secretario general de la ONU hasta el primer ministro de Canadá; desde el senador independiente Bernie Sanders hasta el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; pasando por el eurodiputado Raphaël Glucksmann, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin; y, especialmente, por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

II. La Europa ambigua: entre el miedo y el principio

Para comprender las ambigüedades de la Europa institucional ante estas guerras, conviene comenzar por quien las ha diagnosticado con más precisión y más valentía desde dentro del sistema de la UE: Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que abandonó el cargo en diciembre de 2024 tras cinco años de difícil curso entre la inercia de la compleja gobernanza de Bruselas y la dureza de una realidad geopolítica enormemente abrupta.

Borrell ha dicho cosas que, probablemente, ningún cargo europeo en activo habría pronunciado. En una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el verano de 2025, fue implacable con lo que consideró la incoherencia europea: «Lo que ha hecho la UE con Gaza significa la ruina moral de Europa». La frase ilumina con rotundidad y sencillez el patrón que ha marcado el comportamiento europeo durante los últimos años: firmeza de principios frente a la invasión rusa de Ucrania —condenada con una unanimidad casi total desde el primer día— y un silencio vergonzante, o peor, una cobertura excesivamente diplomática, frente a las atrocidades del ejército israelí en Gaza. La mayoría de los gobiernos europeos se parapetaron durante meses detrás de la apelación al «derecho a la autodefensa» para no tener que condenar las acciones militares israelíes, sin ni siquiera atreverse a exigir la proporcionalidad en el uso de la legítima defensa.

La explicación de esa asimetría tiene varios elementos, todos perfectamente identificables: los vínculos históricos y económicos de Europa con Israel; los acuerdos tecnológicos y de armamento que varios países mantenían con Tel Aviv; el miedo a ser acusados de antisemitismo en algunos contextos donde la extrema derecha ha convertido el apoyo incondicional a Israel en una especie de marcador identitario; y la presión implícita de Washington -por supuesto, durante la administración Biden, pero llevada a sus extremos posteriormente por Trump-. El resultado fue la doble vara de medir que Borrell denunció sin rodeos, y que erosiona la credibilidad europea como potencia democrática y ética, precisamente cuando más necesaria se hace.

Pero Borrell no es un pacifista incondicional. No rechaza el uso legítimo de la violencia. Su diagnóstico sobre la necesidad de defensa europea es igualmente contundente: «La paz no se preserva únicamente con declaraciones pacifistas; hace falta voluntad de actuar si es necesario». Por tanto, según él, no se trata de «militarizar Europa», sino de «hacerla responsable» de su propia seguridad, porque durante demasiado tiempo ha alquilado esa responsabilidad a Estados Unidos, y Washington ya no es, según parece bajo la presidencia de Trump, un aliado previsible del todo.

La posición de Borrell es, desde luego, una posición que incomoda a los halcones —tanto norteamericanos como israelíes y europeos— pero que no satisface tampoco a los pacifistas incondicionales.

António Costa, desde la presidencia del Consejo Europeo, ha intentado resolver esta tensión con la fórmula del «rearme colectivo»: «Más que 27 rearmes de cada uno de los países de la UE, necesitamos uno solo». Esto es: la eficiencia y la integración militar como alternativa al aumento automático de la inversión y el gasto militar; una postura técnicamente más sofisticada que la de obedecer ciegamente a Trump. Pero, en cualquier caso, elude la pregunta de fondo sobre la finalidad del rearme o la integración.

La diferencia entre una Europa que se rearma para defender el derecho internacional de forma coherente —aplicándolo por igual en Ucrania y en Gaza— y una Europa que se rearma para alinearse incondicionalmente con Washington es la diferencia entre una potencia con proyecto propio y un apéndice militar del poder anglosajón.

Costa habló de «autonomía estratégica», pero esquivó el tema de Gaza. Y aunque los valores de la persona Costa son —por su trayectoria— incontestables, cuando se trata de analizar su posición como cargo público, esta omisión pesa bastante.

III. Glucksmann y Villepin: dos maneras de no someterse

Dentro de la izquierda europea, las posiciones más elaboradas ante este dilema provienen de dos figuras que comparten más valores de lo que aparentan: Raphaël Glucksmann, eurodiputado del Partido Socialista Francés, y Dominique de Villepin, ex primer ministro gaullista reconvertido en uno de los analistas más lúcidos del desorden internacional emergente, y, probablemente, candidato en las próximas elecciones presidenciales francesas.

Glucksmann representa la apuesta de una parte de la izquierda europea por la solidaridad incondicional con las víctimas. Su «doctrina Europa 2030» parte de un diagnóstico: la invasión de Ucrania no es un conflicto territorial, es «la brutal materialización de la guerra lanzada por Putin contra nuestras democracias».

Para Glucksmann, la debilidad europea frente a Rusia durante la última década no fue fruto del pacifismo: fue una cobardía disfrazada de pragmatismo. Las concesiones —los contratos de gas, la política de «cambio a través del comercio»— no desarmaron a Putin. Al contrario, lo alimentaron. La «seguridad común» que en su día defendió Olof Palme —argumenta Glucksmann— no funciona cuando una de las partes ha decidido que la seguridad del otro es un obstáculo, no una condición a preservar.

La postura de Glucksmann es una posición con fundamentos empíricos e intelectuales sólidos. Pero tiene un punto ciego que no conviene ignorar: se aplica solo a la invasión rusa de Ucrania, y apenas se aplica a las invasiones de Palestina y Líbano llevadas a cabo por Israel. Lo cual revela exactamente lo que quería decir Borrell cuando hablaba de la «ruina moral» europea.

Glucksmann, es cierto, denunció la «masacre» en Gaza y criticó el bloqueo de la región, pero fue esquivo ante el término «genocidio». Intentó cuadrar un círculo que muchos, dentro de su propia familia política, consideraron imposible.

Hay en esa contradicción algo que va más allá de lo personal, pero no puede ignorarse: su padre, el filósofo André Glucksmann, representó durante décadas la posición contraria —un intervencionismo militante que nunca dudó en respaldar intervenciones occidentales—. La evolución del hijo ilustra bien la búsqueda, aún incompleta, de una izquierda francesa que intenta reconciliar principios con coherencia. La dirección de su proyecto político —construir una izquierda a la vez solidaria con las víctimas y exigente con todos los agresores— es la correcta. Pero su práctica en este caso resultó manifiestamente mejorable.

Villepin es una figura políticamente distinta. Fue el hombre que, como ministro de Exteriores francés en 2003, pronunció en el Consejo de Seguridad de la ONU el discurso más memorable de oposición a la guerra de Irak. Desde entonces, ha construido una base firme de antibelicismo político e intelectual que trata de trascender las categorías izquierda-derecha, y se fundamenta en el valor de la persona.

En su análisis del «momento europeo», publicado en el Grand Continent en marzo de 2026, escribe, con una rotundidad que, en el ambiente actual, resulta casi subversiva: a) frente a Ucrania, el resultado será «un alto el fuego mejorado, tal vez una paz armada»; y la clave no es cuántas armas se envían, sino qué arquitectura de seguridad se construye después. b) Frente a Trump, diagnostica que Macron ha multiplicado los anuncios «en contradicción con las acciones reales», produciendo credibilidad cero. Y, en resumen, postula la necesidad de que Europa se haga fuerte para defenderse y, al mismo tiempo, para defender la paz.

Lo que conecta a Glucksmann y a Villepin, más allá de sus diferencias en el espectro político o de temperamento, es el rechazo compartido a la subordinación frente a otros. Para el primero, Europa debe dejar de depender de Washington en materia de seguridad. Para el segundo, es necesario que Europa articule su propio interés estratégico, que no es idéntico al americano ni al ruso. Ambos coinciden en que la respuesta al trumpismo no puede ser la adulación y la sumisión: tiene que ser la autonomía.

Que esa coincidencia emerja de flancos tan distintos del espectro político europeo no es anecdótico. Es, más bien, una señal sobre el futuro.

IV. Sanders y Lula: voces desde los márgenes del poder

Fuera de Europa, la tercera posición encuentra dos de sus expresiones más nítidas —y más apreciables, precisamente por el coste que han tenido que pagar por sostenerlas— en el discurso de Bernie Sanders, senador independiente de Vermont, y en el de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

Sanders representa algo infrecuente en la política norteamericana: la coherencia de principios. Durante años fue uno de los críticos más constantes de la venta de armas a Israel. En septiembre de 2025, después de que una comisión de expertos independientes de Naciones Unidas concluyera que en Gaza se cumplían al menos cuatro de los cinco criterios del delito de genocidio según la Convención de 1948, Sanders fue el primero en decirlo con claridad en el debate político estadounidense: «La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza». Lo hizo siendo judío, siendo alguien que había reconocido el derecho de Israel a defenderse tras el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre, y siendo consciente de que la frase le costaría aún más apoyo en un Partido Demócrata que, desde luego, no sabe qué hacer con el conflicto. Pero también impulsó en el Senado la propuesta de bloquear la venta de equipamiento militar a Israel. Sanders representa la definición de un pacifismo comprometido con sus principios, que se traduce en exigencia aplicada a todos, incluidos los aliados.

Lula da Silva actúa en un contexto diferente: habla en nombre del Sur Global, esa constelación heterogénea de países que lleva décadas pagando las consecuencias de guerras que no provocó y de un orden internacional que no diseñó. En la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2025, pronunció lo que puede considerarse el diagnóstico más honesto del momento: «En el conflicto de Ucrania, todos ya sabemos que no habrá solución militar. Es preciso pavimentar caminos para una solución realista».

Y sobre Gaza, utilizó términos que casi ningún líder europeo se habría atrevido a usar: «Aquí, dos estados están en guerra; en Gaza es un genocidio, un ejército muy bien preparado contra mujeres y niños, bajo el pretexto de matar terroristas».

Y luego, con la lógica de quien gestiona un país pobre en un mundo que se rearma: «La Unión Europea aprobó 800 mil millones de euros para rearmarse, cuando lo que el mundo necesita es dinero para acabar con el hambre».

La frase de Lula toca el nervio de lo que la tradición pacifista de izquierdas ha señalado siempre: que el gasto en armas y el gasto en bienestar son vasos comunicantes, y que quien decide priorizar el primero está postergando el segundo. No como eslogan, sino como aritmética. Los mismos miles de millones que van a Rheinmetall y a Lockheed Martin no van a escuelas, a hospitales, a la transición energética.

El Sur Global, que carga con la mayoría del hambre, la mayoría de las guerras civiles y la minoría del poder de decisión, contempla el espectáculo del Norte armándose con una mezcla de estupefacción y amargura históricamente comprensible.

V. Guterres y la soledad del árbitro

Si hay una figura que encarna las posibilidades y los límites del pacifismo institucional en el mundo de hoy, esa figura es António Guterres. El secretario general de la ONU ha sido, durante estos años de guerras múltiples, una voz incómoda para los beligerantes y sus patrocinadores: lo suficientemente clara como para irritarles, y lo suficientemente impotente como para no pararlos. Es la paradoja de la institución que representa: proclama continuamente los principios y los derechos universales, pero no tiene ningún poder ejecutivo para imponerlos.

Con Ucrania, Guterres fue inequívoco desde el primer día: la invasión viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y debe cesar. Con Gaza, su postura fue progresivamente más contundente y progresivamente más arriesgada.

En octubre de 2023, cuando señaló que los ataques de Hamás no habían ocurrido en el vacío sino que se debían interpretar en un contexto determinado —lo que cualquier análisis honesto del conflicto requería reconocer—, Israel exigió en represalia su dimisión y le denegó visados a funcionarios de la ONU. En diciembre de 2025, ante la conferencia Reuters Next, fue más lejos: dijo que existían serias razones para creer que se habían cometido crímenes de guerra en Gaza, y que hubo algo fundamentalmente maligno en la forma en que se llevó a cabo esa operación, que fue, desde el principio, muy negligente con respecto a las muertes civiles. La reacción israelí fue de indignación. Pero Guterres no se retractó.

Lo que caracteriza la posición de Guterres —y lo que la hace políticamente insoportable para quienes prefieren la comodidad de la equidistancia— es la aplicación del mismo estándar a todos los actores. Protección sin concesiones para las víctimas; rechazo sin ambigüedad a los agresores. Insistencia en que el uso de las armas no resuelve los conflictos, sino que los convierte en catástrofes más difíciles de deshacer. «Las soluciones deben forjarse en la mesa de negociaciones», repitió al anunciarse el alto el fuego en Gaza. No es un eslogan retórico. Es la síntesis de una doctrina.

La impotencia de Guterres tiene nombre institucional: el derecho de veto. El derecho de veto de los cinco miembros permanentes ha convertido a la ONU en un árbitro sin autoridad ejecutiva. Rusia veta cualquier medida sobre Ucrania. Estados Unidos veta cualquier resolución vinculante sobre Gaza. Y así sucesivamente.

El organismo más universal de la humanidad puede analizar las crisis y diagnosticarlas, pero no puede, casi nunca, actuar; menos aún, imponer las resoluciones que proclama. Guterres lo sabe. Sin embargo, tiene la perseverancia de no callarse, de insistir. Porque sabe también que su silencio —el silencio institucional, o la equidistancia cómplice— sería el principio del fin de algo que costó décadas construir: el multilateralismo y la racionalidad en la gobernanza mundial. Precisamente por eso, la reforma del Consejo de Seguridad que reclama Lula —ampliar sus miembros, para limitar el veto— no es un capricho del Sur Global: es la condición necesaria para que la ONU pueda ser lo que la Carta fundamental dice que debe ser.

VI. Carney y la política de las potencias medianas

El caso más instructivo de cómo articular una posición autónoma frente al poder hegemónico, sin caer ni en la sumisión ni en la provocación, lo ofrece, paradójicamente, un primer ministro vecino de EE. UU.: Mark Carney, en Canadá.

Carney llegó al poder en marzo de 2025 en una campaña política en la que su país estaba sometido a una presión sin precedentes: aranceles salvajes contra sus exportaciones a EE. UU., amenazas de anexión de parte de Trump, y una economía estructuralmente dependiente del vecino del sur. Su respuesta no fue la del patrioterismo ni la de la adulación sumisa a su vecino. Fue algo más difícil y valiente: practicar el «realismo basado en valores», una fórmula que expresó en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, con una claridad que debería ser un ejemplo para muchos líderes europeos.

El diagnóstico de Carney en Davos tuvo la precisión del economista que había dirigido dos bancos centrales y la honestidad de quien no quiere esconderse tras el miedo. Fue la lectura crítica más atinada del momento, máxime por venir de donde venía.

Según Carney, el orden internacional basado en reglas y en la multilateralidad no está viviendo una crisis pasajera: está roto. Las grandes potencias están utilizando el proceso de integración económica como un arma geopolítica. Las instituciones multilaterales han sido vaciadas de capacidades de ejecución. Por eso, literalmente, ya no pueden hacer nada; ya no cuentan. Y ante eso, las potencias medianas solo tienen dos opciones: competir por ser las más «complacientes» —lo que Carney denominó fingir soberanía cuando en realidad se practica sumisión— o construir una tercera vía basada en la autonomía real, la diversificación de alianzas y el respeto entre iguales.

Cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca, Carney pronunció ante las cámaras la frase que muchos líderes europeos pensaban, pero ninguno se atrevía a decir: «Canadá nunca estará en venta». No fue un gesto. Fue la expresión pública de una doctrina construida durante meses. Su estrategia con Trump, como él mismo la describió, es «respeto pero no adulación». Y añadió, con una ironía sutil que Trump —tan poseído de sí mismo— no llegó probablemente a captar del todo: «Le pedí que dejara de repetir la idea del estado 51. Le dije que no era útil. Pero el presidente dirá lo que quiera».

El caso canadiense resulta muy pertinente para Europa, y su lógica tiene una larga tradición. Lo que Carney formuló en Davos es lo que Olof Palme teorizó hace más de cuarenta años: que ningún país puede comprar su seguridad a costa de la seguridad de los otros, y que las naciones medianas, frente a la arbitrariedad de los grandes, no tienen otra opción viable que la solidaridad entre iguales. Creo que este tipo de planteamientos son más importantes que nunca. Probablemente irritan a los poderosos y a sus lacayos. Pero tienen el potencial de generar, tanto entonces como ahora, el mismo tipo de esperanza entre quienes ni son grandes potencias ni quieren renunciar a su autonomía frente a ellas.

VII. Pedro Sánchez: una posición que incomoda

En el contexto europeo, el gobierno de Pedro Sánchez representa la aplicación más sólida —quizá no siempre la más visible, pero sí la más persistente— de lo que he llamado la tercera posición. Probablemente, no es la más desarrollada académicamente, ni la más aceptada políticamente, pero sí es la más contundente a la hora de aplicar los mismos principios en cualquier situación internacional. Lo cual, en un contexto mundial en que prevalecen las estrategias de doble rasero —adaptadas a las conveniencias coyunturales— constituye un valor decisivo.

La frase que Pedro Sánchez pronunció en el Congreso de los Diputados en julio de 2025 resume su posición con una claridad que tiene mérito: «Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina». Simple consecuencia de la simetría.

Y es esa asimetría la que los defensores del doble rasero no pueden resolver sin revelar lo que son. Si el argumento clave para apoyar a Ucrania es que las fronteras no se cambian por la fuerza y sin acuerdo, ese argumento es también aplicable a Cisjordania y a cualquier territorio palestino. Si el argumento para condenar los bombardeos rusos sobre ciudades es que matan civiles, ese argumento rige también en Gaza. Si el terrorismo es condenable, también hay que condenar los crímenes de guerra. Los principios no se aplican selectivamente: no tienen destinatarios privilegiados. O se aplican a todos, o no son principios universales: son meramente pretextos y coartadas.

España fue uno de los primeros países europeos en reconocer el Estado de Palestina, en mayo de 2024, junto a Irlanda y Noruega. Un reconocimiento que deriva jurídica y prácticamente de la doctrina ya consolidada por la ONU de la necesidad de establecer dos estados: el palestino y el israelí. En julio de 2025 se celebró en la sede de la ONU una Conferencia Internacional de Alto Nivel que adoptó la «Declaración de Nueva York sobre la Solución de Dos Estados», respaldada posteriormente por 142 votos a favor y solo 10 en contra en la Asamblea General. Declaración que va directamente en contra de una decisión del parlamento israelí de 2024 que solo acepta la existencia de un estado en la zona.

Fue el gobierno de Sánchez el que pidió a la Comisión Europea que evaluara si Israel cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos en el marco del Acuerdo de Asociación —y el que ha propuesto su suspensión cuando el informe concluyó que no las cumplía—. Y fue el gobierno de Pedro Sánchez quien resistió la presión de Trump para elevar el gasto en defensa de los países de la OTAN al cinco por ciento del PIB con una fórmula que merece ser tomada en serio más allá de su resonancia electoral: «La mejor inversión en defensa es apostar por la paz y el desarrollo».

España —por todo ello— ha sido criticada por Israel y vilipendiada por Netanyahu; ofendida y maltratada por Trump, y acusada de ingenuidad por algunos gobiernos del Este europeo, que cargan con el pesado fardo de la memoria de la ocupación soviética y ven en cualquier matiz de crítica a EE. UU. una concesión intolerable. Pero el resultado de las recientes elecciones en Hungría parece desmentirlo: el apoyo de la administración Trump a un candidato puede resultar ya contraproducente.

En todo caso, esas críticas europeas a la estrategia de Pedro Sánchez no son irrelevantes pero deben ser contextualizadas debidamente. No provienen de experiencias empíricas actuales, sino de prejuicios arraigados. Solo así se entiende que las matanzas en Palestina se intenten neutralizar con el recurso al antisemitismo. Tampoco proceden del análisis de los cambios que se están produciendo en el mundo actual y que presagian un orden multipolar. Son fruto de la incomodidad que sienten quienes se resisten a reconocer la realidad y pretenden mantenerse cómodos y seguros bajo unas estructuras de ayer que, precisamente hoy, se están disolviendo. No son argumentos coherentes y no contradictorios. Son posiciones axiomáticas que se resisten a ceder el paso a los hechos. Y los axiomas, como la fuerza, en estos asuntos, nunca han sido un argumento aceptable.

VIII. La izquierda ante el espejo

Hay una tentación en parte de la izquierda europea que, a veces, me parece intelectualmente débil: me refiero a la del pacifismo selectivo. Entiendo ese tipo de pacifismo como aquel que condena a Israel en nombre de la paz, sin condenar el terrorismo de Hamás en nombre del mismo principio. O que denuncia, en defensa del pacifismo, el apoyo occidental a Ucrania sin denunciar la invasión rusa. El de quien defiende los derechos humanos en todas partes menos, por ejemplo, en las zonas de influencia que Rusia reclama para sí. O el de quienes hacen del antiamericanismo su brújula, y llegan a convertirse en defensores de cualquier actor que se enfrente a Washington, con independencia de lo que ese actor haga.

Veo en estas posiciones una aplicación casuística y circunstanciada de los principios que deben inspirar las relaciones de igualdad entre las naciones. Naturalmente, como dijo Guterres, cualquier acción —incluso una acción terrorista— debe ser explicada en su contexto. Pero esa explicación puede dar lugar al entendimiento de sus causas y de sus condiciones de existencia, no a su aprobación. Si aprobamos el ejercicio de la violencia al margen de las normas elementales del derecho —incluido el derecho internacional— estaremos abriendo la caja de Pandora del conflicto permanente.

En cambio, el pacifismo no selectivo, sino fundado en principios —como fue el de Jaurès, el de Palme, el de Brandt, y es ahora el de Pedro Sánchez, Lula o Sanders— no era ni es circunstancial. Ni era ni es antioccidental, como algunos pretenden hoy. Es la aplicación consistente de la convicción de que la guerra es siempre el fracaso de la política, que sus costes los pagan los más vulnerables, y que el militarismo beneficia estructuralmente a quienes acumulan capital en la producción de armas.

Esa convicción no tiene destinatario preferente. Se aplica a Putin y a Netanyahu, a Trump y a Hamás, a cualquier actor que elija la violencia en momentos en que la diplomacia aún es posible. El que la aplica solo a algunos no es un pacifista, es un doctrinario que ha encontrado un disfraz cómodo vistiéndose de pacifista.

Pedro Sánchez y Josep Borrell, en España; Glucksmann o Villepin —en Francia—, y algunos otros en otros países europeos han intentado desplazar a la opinión progresista en la dirección que parece más adecuada: construir una posición que sea a la vez solidaria con los agredidos y exigente con todos los agresores. Que apoye la autonomía estratégica europea sin convertirse en un club de vendedores de armas. Que defienda el multilateralismo sin la ingenuidad de creer que las instituciones internacionales actuales son suficientes para garantizarlo. No siempre lo han conseguido. Pero la dirección importa, indica algo necesario: que defender los valores de la paz, la convivencia y la democracia requiere algo más que proclamarlos en el momento oportuno.

IX. La economía política de la guerra

Pero hay una dimensión del debate que me parece importante y que, sin embargo, permanece sistemáticamente ausente de las cumbres y las declaraciones. Una dimensión que la tradición pacifista de izquierdas y progresista ha señalado en Europa desde Jaurès: la dimensión económica en que se apoyan muchas de las guerras que se han vivido y se vivirán.

Esta dimensión resurge con fuerza si se considera que el rearme que muchos proponen en este momento no es solo una decisión estratégica, es también un modelo de asignación de recursos desigual: con ganadores y perdedores muy concretos, y con una lógica de retroalimentación que conviene examinar sin ingenuidad, pero también sin sectarismo.

Cuando la OTAN acordó en La Haya que el cinco por ciento del PIB se invertiría en armas y ejércitos, los mercados financieros lo recibieron como una noticia extraordinariamente positiva para los fabricantes de armamento. Como si se atisbara un nuevo El Dorado. Rheinmetall, el mayor productor de armas alemán vio multiplicarse su capitalización bursátil. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Defense registraron beneficios históricos durante el período de las guerras de Ucrania y Gaza.

Es bastante evidente: la industria militar no solo produce seguridad, como proclama, produce rendimientos financieros. Y eso significa que hay actores con intereses estructurales —y culpables— en que los conflictos persistan y en que el miedo se mantenga en niveles suficientemente altos como para justificar el gasto. Jaurès, el célebre socialista francés, fue claro en su momento: «El capitalismo lleva la guerra en su interior como las nubes llevan la tormenta».

No fue solo él quien lo advirtió. En su discurso de despedida de 1961, el general republicano Eisenhower alertó sobre el peligro de un «complejo militar-industrial» que podría distorsionar las prioridades democráticas de la nación. No era un argumento de izquierda: era el testimonio de quien había comandado el desembarco de Normandía.

Esa metáfora de Jaurès es de hace más de un siglo, pero no deja de iluminar la lógica del presente. No tanto porque el desarrollo capitalista extremo conlleve forzosamente la guerra, sino porque tiende a descuidar el esfuerzo por mantener la paz, tanto exterior como interior.

Un continente que destine el cinco por ciento de su producto interior bruto a defensa es un continente armado que, tarde o temprano, tratará de justificar empíricamente su inversión militar. Y ¿qué mejor justificación que usarla en un conflicto concreto? Un continente que decide destinar tanto dinero a armas, ¿será capaz de invertir en cooperación y en desarrollo? Una Europa empeñada en defenderse militarmente, ¿no descuidará su sanidad, su educación, su promoción de la transición energética, o la lucha contra la pobreza? Y al hacerlo, ¿no estará olvidando todo lo que son políticas destinadas a generar las condiciones de estabilidad que aseguran la paz y evitarían el excesivo gasto en defensa?

El círculo es perfecto, como señalan Lula y Pedro Sánchez. Si inviertes en la guerra, estás descuidando la paz. Y el beneficiario de esa inversión-desinversión, ¿sería la ciudadanía europea?

Costa, con su defensa del «rearme colectivo», intenta al menos recuperar eficiencia y evitar desaprovechar recursos —es decir, evitar que veintisiete ejércitos compren veintisiete veces el mismo misil— y convertir el gasto en defensa en un vector de integración industrial europea. Es una posición más sofisticada que la de simplemente obedecer a Trump. Pero, en sí misma, no resuelve la pregunta que Sanders plantea desde Vermont y Lula desde Brasilia: cuánto es suficiente, y a costa de qué.

Probablemente, nos cueste mucho tiempo y esfuerzo responder a estas preguntas. Pero es, sin duda, la cuestión de nuestro tiempo, que no podemos evadir.

X. Una tradición para el presente

El hilo que conecta a Jaurès con Sanders, a Brandt con Carney, a Palme con Guterres y a Lula con Pedro Sánchez no es ideológico en el sentido estrecho del término. No son todos de izquierdas. No comparten los mismos análisis económicos, ni las mismas políticas. No votan en el mismo partido ni hablan el mismo idioma político. Lo que comparten es algo más difícil de categorizar y más difícil de ignorar: una convicción común y pragmática, la de que la guerra es el fracaso de la política —no su continuación por otros medios, en la formulación contraria a Clausewitz—; la de que quien llega a ese fracaso —que siempre es la guerra— sin haber agotado todas las alternativas disponibles no está cumpliendo con su primer deber.

Esa convicción no implica ingenuidad sobre la naturaleza del poder; no olvida que los estados se construyeron, entre otras cosas, para monopolizar el uso de la fuerza. Pero no ignora que ese monopolio se ejercía en nombre, precisamente, de la pacificación de la sociedad.

El poder de las armas, aplicado sin marco normativo, sin proporcionalidad, sin mesura, no produce paz, sino más guerra, más inseguridad. Y los costes de esa guerra y esa inseguridad se distribuyen siempre de forma radicalmente injusta. Los que deciden las guerras no son los que mueren en ellas. Los que fabrican las armas no son los que reciben las bombas ni las heridas. Los que negocian los tratados de paz no son los que han vivido bajo los escombros. Esa asimetría no es un accidente: es la estructura de una lógica infernal que no parece tener fin: la de que la violencia siempre engendra violencia.

La tercera posición que trato de mostrar, y que parece estar cobrando peso internacional, no es una receta de soluciones fáciles. No pretende que la diplomacia y la negociación puedan resolver cualquier conflicto. Ni que el derecho internacional, por el hecho de serlo, sea de aplicación inmediata y general. Pretende algo más modesto y más exigente al mismo tiempo: que los principios se apliquen a todos los actores por igual, sin exclusiones ni asimetrías. Que el recurso a la fuerza sea el último e inevitable, y se justifique siempre con argumentos veraces y empíricos basados en el análisis ético y racional. Que la paz sea algo más que la ausencia de guerra caliente; que sea el fruto de la convivencia, la inclusión y la igualdad. En definitiva, que —como decía Brandt— sea la política la que haga la guerra cada vez más improbable.

Es lo que están intentando decir, con diferentes acentos y matices, con distinto grado de insistencia, Guterres desde Nueva York, Lula desde Brasilia, Carney desde Ottawa, Costa desde Bruselas, Sanders desde Washington, Borrell y Sánchez desde Madrid, Villepin y Glucksmann desde París… Y tantos otros. No siempre lo consiguen. No siempre son coherentes. No siempre tienen el coraje de Jaurès, que fue asesinado por decirlo tres días antes de que la guerra —que intentó impedir— comenzara; o el de Olof Palme, asesinado en la calle por su pacifismo. Pero en cualquier caso, todos ellos están señalando en la dirección sensata. Y, en un momento en que la dirección dominante es la del rearme a ultranza y la militarización sin límite, solo señalar en otra dirección es ya, en sí mismo, un acto político muy apreciable.