La damnatio memoriae, es un término del latín que se traduciría como la condena de la memoria. Esto es precisamente a lo que estamos asistiendo durante las últimas semanas en nuestro país.
Mientras la ciudadanía aun esta a la espera de si finalmente habrá una investidura progresista o tendremos que ir a una nueva repetición electoral, allá donde gobiernan Partido Popular y Vox se ha iniciado ya una damnatio memorie. En Cantabria tenemos el ejemplo más claro y es que, hace apenas un par de semanas, el parlamento autonómico de la región cántabra aprobó, con los votos de PP y VOX, derogar la ley de memoria democrática en la comunidad, (si bien la ley nacional seguirá vigente).
No es el único caso. Los acuerdos de investidura en Aragón o en Baleares ,por poner algunos ejemplos, también incluyen como una de las diez medidas básicas la derogación de su propia ley autonómica, y así en todas las comunidades que contaban con ley autonómica de memoria democrática, donde la derecha y la extrema derecha esta intentando borrar y eliminar el pasado y memoria colectivos. No hay que olvidar que, a nivel nacional, el propio Alberto Núñez Feijoo dijo que derogaría la Ley de Memoria Democrática como una de sus primeras medidas si llegaba a la Moncloa.
Una ley aprobada por el parlamento democráticamente y con el visto bueno del relator de ONU, para la justicia, la verdad y la no repetición, o por un sin número de organismos internacionales, que habían alabado la puesta al día de España, durante los últimos años, en los temas de memoria y reparación.
Enfrente, nos encontramos a una derecha y extrema derecha, con un objetivo que es totalmente contrario: tratar de esconder y borrar nuestro pasado, como si eso les quitara legitimidad o hiciera más validas sus ideas y menos las progresistas. Por otra parte, también intentan a menudo restituir a antiguos colaboradores del régimen franquista y miembros destacados de la dictadura, reincorporándolos en el callejero o pidiendo, como en Palencia, la inclusión de lapidas de falangistas en el registro de público, para así intentar esquivar la ley de memoria estatal.
Por no alargarnos y como pequeña reflexión final, tenemos a una parte de la sociedad política intentando borrar claramente nuestro pasado y nuestra historia y es el trabajo de todas las entidades, personas y partidos progresistas evitar que esto suceda y seguir luchando por nuestra historia, para tener un presente y futuro democrático y digno.
