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Batet aboga por usar nuevas tecnologías para garantizar la igualdad en España

BILBAO, 26/11/2018 La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, (d) es recibida por los consejeros de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, (2i) la de Industria Arantza Tapia, y Pedro Azpiazu de Economía y Hacienda (3i) en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco. EFE/Luis Tejido. BILBAO, 26/11/2018 La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, (d) es recibida por los consejeros de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, (2i) la de Industria Arantza Tapia, y Pedro Azpiazu de Economía y Hacienda (3i) en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco. EFE/Luis Tejido.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, ha expresado hoy el compromiso del Gobierno de que el derecho de igualdad sea "una realidad" en el conjunto de España gracias a las nuevas tecnologías, procurando el acceso a todos los ciudadanos independientemente de donde residan.

Batet ha apostado por desarrollar políticas públicas de inclusión social a las nuevas tecnologías durante su participación en Bilbao en la presentación de la Declaración de la Universidad de Deusto sobre "Derechos humanos en entornos digitales". El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno Vasco, Josu Erkoreka, también ha tomado parte en el acto, previo a la reunión de ambos mandatarios en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco.

En su intervención, la ministra ha evidenciado que hoy "nuestras vidas son, en gran medida, digitales" y que el "desafío" radica en que el cambio tecnológico se realice manteniendo la vigencia de los derechos fundamentales. Batet ha destacado las posibilidades de las nuevas tecnologías para aumentar la inclusividad y para que sean "instrumento de igualdad", garantizándola especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación y entre personas con discapacidad.

A su juicio, la digitalización constituye "una gran oportunidad de reequilibrio social y territorial" ante el actual reto demográfico, que el Gobierno considera "cuestión de Estado". Según ha dicho, el servicio de acceso a internet de banda ancha llega a cerca del 76 % de los españoles, lo que implica que "gran parte de la población aún tiene que desplazarse" para hacer compras, acceder a un cajero automático o hacer gestiones ante la Administración.

Ha señalado, por ello, que "la igualdad en materia de equidad y acceso a servicios de primera necesidad sigue siendo una asignatura pendiente". Ante ello, ha considerado "imprescindible" articular un gran acuerdo político "que facilite nuevos marcos de actuación que protejan la vida de nuestros pueblos" y sus habitantes, y ha abogado por extender la cobertura de banda ancha digital.

La ministra se ha congratulado de que España se encuentre entre los países de la UE con mayor progreso en la digitalización de su Administración al ocupar el cuarto puesto de 28 en el ámbito de servicios públicos digitales, y ha abogado por consolidar esos avances.

En esa tarea ha enmarcado, entre otras actuaciones, el proyecto de "carpeta ciudadana" en el que trabaja el Gobierno para que ciudadanos y empresas con una sola identificación puedan consultar todos sus datos y registros en poder de la Administración y que será realidad en la Administración del Estado en 18 meses, ha avanzado.

Con la llamada Declaración Deusto sobre Derechos Humanos en entornos digitales, elaborada por un equipo de expertos multidisciplinar, se pretende "humanizar la tecnología" y abrir un debate sobre la defensa de la dignidad e integridad de la persona en el marco digital.

Leída por tres estudiantes de la Universidad de Deusto, la declaración incluye 16 derechos, entre ellos el derecho al olvido en internet, a la desconexión, al "legado digital", a la libertad de expresión en la red, a la protección de la integridad personal ante la tecnología, a la identidad personal digital y a la privacidad en entornos tecnológicos.

Otros derechos incluidos hacen referencia a transparencia en el uso de algoritmos, igualdad de oportunidades en la economía digital, garantías de los consumidores en el comercio digital, propiedad intelectual en la red, accesibilidad universal a internet, alfabetización digital, imparcialidad de la red, seguridad en la red y disponer de una última instancia humana en las decisiones de sistemas expertos.

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