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El desafío de los edificios comerciales para cumplir con el Acuerdo de París

El sector inmobiliario comercial de Europa, un mercado que integra a grandes superficies, oficinas, hoteles e inmuebles industriales y administrativos, deberá reducir sus emisiones de carbono en más de un 80 % desde ahora y hasta 2050 para cumplir con los objetivos del Acuerdo climático de París.

Esta estimación emana de las consideraciones de expertos de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos que participan en el proyecto CRREM (Monitor del riesgo de emisiones de CO2 en el sector inmobiliario), financiado por el programa H2020 de la Unión Europea (UE), y que acaban de terminar su primer informe, en este caso relativo a los edificios comerciales (http://www.crrem.eu/reports/).

"Hay una preocupación enorme en los inversores y las grandes empresas por saber cuánto tienen que invertir en la renovación de las propiedades comerciales para que sean eficientes a nivel energético" y, así, cumplir con los requisitos de emisiones de carbono, ha afirmado, en una entrevista a Efe, la catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante Paloma Taltavull.

La política europea contra el cambio climático se articula en torno al Acuerdo de París, que tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media mundial supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no rebase los 1,5 grados.

Ello implica que el sector inmobiliario comercial podrá emitir como máximo la cantidad total de 24 millones de toneladas de carbono desde hoy al 2050. Pero, "al ritmo actual de emisiones, esta cifra se habrá alcanzado en 2039, según nuestras previsiones", ha apuntado Taltavull, investigadora principal del proyecto en España, junto con los expertos Raúl Pérez y Francisco Juárez.

Para prevenir un aumento de la temperatura global por encima de los 2 o los 1,5 grados centígrados, se estima que las emisiones de carbono deberían reducirse un 78 % y un 91 %, respectivamente, desde ahora y hasta 2050.

Además, el cuarenta por ciento del stock completo de edificios en la UE tendrá que ser sostenible dos décadas antes de ese plazo, en 2030, según los acuerdos internacionales, ha indicado Taltavull. La situación actual, sin embargo, se caracteriza por un parque de edificios que básicamente se construyó en la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX y ha de ser renovado en materia de eficiencia energética, lo que conlleva un importante desembolso económico, "la cuestión es cuanto", ha expuesto la catedrática.

"Estamos calculando el número de estos edificios comerciales, porque no existe un censo, y vamos aplicar a esta tipología de inmuebles una base de datos muy potente de costes de rehabilitación energética que ya realizamos en un proyecto anterior" y que determina la capacidad que tienen las innovaciones tecnológicas en la construcción para disminuir las emisiones de carbono, ha dicho.

Los expertos del proyecto CRREM, que empezó en 2018 y durará hasta 2021, plantean desarrollar una herramienta para las empresas que estimará las inversiones necesarias para reducir las emisiones en los edificios comerciales, lo que permitirá a éstas calcular la rentabilidad o no de ese proceso inversor y, en función de ello, decidir si siguen utilizando o no sus inmuebles.

"Nuestra información dará certidumbre al mercado porque las empresas podrán analizar el riesgo de activos obsoletos (energéticamente) en el sector inmobiliario comercial" y "reasignar inversiones en edificios más eficientes desde el punto de vista energético", ha concretado Taltavull.

Alrededor de un 40 % del volumen total de emisiones de carbono que se registra en la actualidad procede de los edificios. De ese porcentaje, entre el 23 % y el 24 % tiene su origen en viviendas residenciales y el resto, en inmuebles comerciales, ha especificado.

En su opinión, las innovaciones tecnológicas incorporadas a la construcción para captar y reducir las emisiones de carbono serán más asequibles en precio.

A medida que se vayan mejorando y popularizándose su empleo, ayudarán a ese esfuerzo por cumplir con la normativa europea contra el cambio climático, ha añadido.

"El sector público no tiene dinero para hacer esas renovaciones" y, de momento, tiene que ser el propio mercado el que las lleve a cabo, según Taltavull, para quien, no obstante, debería de haber incentivos desde la administración, entre los cuales ha citado la posibilidad de beneficiarse de desgravaciones fiscales por invertir en ese ámbito.

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